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Cinco cosas que saber sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos
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01
FEB
Cinco cosas que saber sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos
Cinco cosas que saber sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos
La ley del alquiler, que entró en vigor el 6 de marzo de 2019, ha modificado algunos puntos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Ahora los contratos de alquiler de viviendas y locales en España deben seguir al pie de la letra los cambios introducidos por el gobierno, que pretende ayudar a impulsar el sector y velar, por los derechos de los inquilinos. Por lo que a continuación mostraremos los 5 puntos clave de esta ley:
Ampliación de los plazos del contrato: la duración mínima obligatoria del contrato de alquiler pasa de ser de tres a cinco años. Si el arrendador es una persona jurídica, la duración mínima será de siete años, y la prorroga será como mínimo de tres. En caso de que no se quiera prorrogar el contrato, el propietario deberá notificarlo con cuatro meses de antelación, mientras que el inquilino deberá hacerlo con dos.
Recuperación de la vivienda después de un año: si el propietario acredita la necesidad de recuperar su vivienda durante el primer año de contrato, podrá hacerlo. Sin embargo, si no la ocupara en el plazo de tres meses, el inquilino tendrá la opción de volver a vivir en ella o solicitar la indemnización de una mensualidad de renta por cada año de contrato que le quedaba por cumplir. Por otro lado, esta ley no permite que se extinga el contrato en caso de venta de la propiedad, sino que la vivienda arrendada quedará sujeta a los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el arrendador anterior fuese una persona jurídica.
Limitación del incremento de la renta al IPC: el incremento de la renta anual estará sujeto al IPC durante el tiempo que dure el contrato, y solo se podrá actualizar en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Sin embargo, la realización de obras de mejora por parte del arrendador, transcurridos durante la duración del contrato le dará derecho a elevar la renta anual, sin que pueda exceder el aumento del 20% de la renta vigente. En caso de haber un acuerdo entre el propietario y el inquilino no será necesario hacer un nuevo contrato.
Gastos de gestión a cargo del arrendatario: todos los gastos de tramitación del contrato y de gestión inmobiliaria deben ir a cargo del propietario, cuando sea una persona jurídica. En el caso de que se trate de una persona física, las comisiones que se queda la agencia inmobiliaria debe pagarlas el inquilino.
Limitación de la fianza: en la actualización de resta ley se limita a un máximo de tres meses: uno de fianza legal más uno o dos meses más como garantía adicional. Respecto a los alquileres cuyo fin no sea el de residir en la vivienda, es decir, de locales o trasteros en los que se establecen dos meses de fianza legal. Sin embargo, en los arrendamientos que se firmen por periodos de larga duración, la ley no dicta ningún límite de garantías adicionales, por lo que dependerá del acuerdo de ambas partes.
En Urbis te ofrecemos un amplio catálogo tanto para alquilar como para comprar, ya sea en Salamanca o en cualquieras de las ubicaciones que podrás ver en nuestra web, no lo pienses mas y busca tu nuevo local, piso o casa con nosotros.
La ley del alquiler, que entró en vigor el 6 de marzo de 2019, ha modificado algunos puntos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Ahora los contratos de alquiler de viviendas y locales en España deben seguir al pie de la letra los cambios introducidos por el gobierno, que pretende ayudar a impulsar el sector y velar, por los derechos de los inquilinos. Por lo que a continuación mostraremos los 5 puntos clave de esta ley:
Ampliación de los plazos del contrato: la duración mínima obligatoria del contrato de alquiler pasa de ser de tres a cinco años. Si el arrendador es una persona jurídica, la duración mínima será de siete años, y la prorroga será como mínimo de tres. En caso de que no se quiera prorrogar el contrato, el propietario deberá notificarlo con cuatro meses de antelación, mientras que el inquilino deberá hacerlo con dos.
Recuperación de la vivienda después de un año: si el propietario acredita la necesidad de recuperar su vivienda durante el primer año de contrato, podrá hacerlo. Sin embargo, si no la ocupara en el plazo de tres meses, el inquilino tendrá la opción de volver a vivir en ella o solicitar la indemnización de una mensualidad de renta por cada año de contrato que le quedaba por cumplir. Por otro lado, esta ley no permite que se extinga el contrato en caso de venta de la propiedad, sino que la vivienda arrendada quedará sujeta a los derechos y obligaciones del arrendador durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el arrendador anterior fuese una persona jurídica.
Limitación del incremento de la renta al IPC: el incremento de la renta anual estará sujeto al IPC durante el tiempo que dure el contrato, y solo se podrá actualizar en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Sin embargo, la realización de obras de mejora por parte del arrendador, transcurridos durante la duración del contrato le dará derecho a elevar la renta anual, sin que pueda exceder el aumento del 20% de la renta vigente. En caso de haber un acuerdo entre el propietario y el inquilino no será necesario hacer un nuevo contrato.
Gastos de gestión a cargo del arrendatario: todos los gastos de tramitación del contrato y de gestión inmobiliaria deben ir a cargo del propietario, cuando sea una persona jurídica. En el caso de que se trate de una persona física, las comisiones que se queda la agencia inmobiliaria debe pagarlas el inquilino.
Limitación de la fianza: en la actualización de resta ley se limita a un máximo de tres meses: uno de fianza legal más uno o dos meses más como garantía adicional. Respecto a los alquileres cuyo fin no sea el de residir en la vivienda, es decir, de locales o trasteros en los que se establecen dos meses de fianza legal. Sin embargo, en los arrendamientos que se firmen por periodos de larga duración, la ley no dicta ningún límite de garantías adicionales, por lo que dependerá del acuerdo de ambas partes.
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